Actualmente, 750.000 estadounidenses se encuentran a la espera de este tipo de ayudas, y la duración media para la resolución de estos procesos se sitúa en 499 días.

Por ello, el Comité de Cuentas Públicas de Estados Unidos, organismo que se encarga de controlar el gasto público en aquel país, ha cuestionado la productividad de los jueces administrativos de los Servicios Sociales, que se encargan de decidir sobre la adjudicación de pensiones por discapacidad, en los casos en los que las autoridades estatales rechazan a un solicitante y este apela.

Dichos jueces deberían resolver entre 400 y 500 solicitudes de pensiones por discapacidad cada año, según el objetivo que les fija la agencia de Servicios Sociales de Estados Unidos, pero menos del 30% de ellos logra dicha cifra, situándose el rendimiento más bajo en 40 casos anuales y el más elevado en 1.805.

Por ello, Michael J. Astrue, el responsable de Servicios Sociales de aquel país, ya ha anunciado la contratación de más jueces administrativos, con el fin de reducir las listas de espera de estos solicitantes, mientras que la asociación que representa a estos profesionales ha reivindicado la incorporación de más personal de apoyo, para que estos funcionarios puedan cumplir sus objetivos.