El presidente del Gobierno, que recordó la promes electoral de eliminar de la vida pública a los corruptos, señaló que en el caso del ex gobernador del Banco de España Mariano Rubio "hemos actuado con prontitud y con energía", palabras que fueron acogidas con rumores y ruidos de protesta por la oposición.

"Considero este caso de extrema trascendencia y me considero directamente corcernido por él", dijo, "al haber propuesto su nombramiento y haber apoyado hace dos años la honorabilidad del ex gobernador, con ocasión de la crisis de Ibercorp".

Añdió que habían intentado "infructuosamente" que el ex gobernador explicara a la opinión pÚblica si las imputaciones que se le hacían eran o no ciertas, si tenía o no dinero oculto, si tenía o no cubiertas sus obligaciones fiscales. "Ni siquiera su comparecencia, que nosotros mismos habíamos socilitado ante la Comisión de Economía y Hacienda el pasado viernes", añadió González, "ha servido para esclarecer su comportamiento".

González explicó las medidas adoptadas en este caso y en el del ex-director geeral de la Guardia Civil, Luis Roldan: comisión de investigación, actuación de la inspección de Hacienda y puesta en marcha de la Justicia.

El presidente añadió que el Gobierno, "asumiendo plenamente sus responsabilidades", considera imprescindible hacer frente a estos problemas y restaurar la confianza social, "porque es cierto", dijo González, "que vivimos ese clima de desconfianza e incluso el riesgo de desafección frente a los valores democráticos que debilitan la capacidad para responder a los deafíos de la crisis".

MEDIDAS CONCRETAS

Las medidas propuestas por González fueron las siguientes:

- Modificación de la Ley del Tribunal de Cuentas para aumentar su ámbito de competencias y para incrementar sus posibilidades de fiscalización y de control.

-De forma inmediata, introducir una más completa y estricta tipificación de las conductas relacionadas con los delitos de corrupción y una mayor severidad de la penas a imponer en la modificación del Código Penal.

-Incrementar la eficcia en la respuesta judicial por la vía de la reformas procesales que serán remitidas al Congreso.

-Creación de una Fiscalía especial encargada de la persecución de los delitos económicos y de corrupción.

-Dentro de la Dirección General del Serrvicio Jurídico del Estado, constitución de un grupo específico encargado de defender los intereses de la Hacienda Pública personándose en cualquier actuación judicial por delitos de esta naturaleza.

- Proyecto de Reforma de la Ley General Presupuestara que reforzará el control económico-financiero del sector público con mecanismos que permitan mayor eficacia en el examen de las auditorías de la Intervención General y la exigencia, en su caso, de las responsabilidades políticas y administrativas correspondientes.

González añadió que espera de todos los grupos las sugerencias de medidas que puedan agregarse a las que acababa de exponer y anunció la disposición del Gobierno a aceptarlas