Según un comunicado del Grupo Socialista en el Senado, así lo asegura el Gobierno al responder a una pregunta que le formuló el portavoz socialista en la Comisión de Interior y Función Pública de la Cámara Alta, Juan Antonio Arévalo.

El Ejecutivo afirma en la respuesta que a los ingresos durante 1997 por sanciones, hay que descontar 385.352.505 pesetas en concepto de devoluciones por expedientes sancionatorios tramitados defectuosamente.

Las denuncias se rfirieron fundamentalmente a vulneraciones de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y al Reglamento General de Circulación, Seguro Obligatorio de Automóviles y, en un porcentaje escaso respecto del total, a la legislación de transportes terrestres por carretera.

En cuanto a las pruebas propuestas por los denunciados, el PSOE asegura que el Gobierno añade que se practicaron en cuantas ocasiones se estimó que su práctica podía aportar datos relevantes para la comprobació de la infracción y se estima que se llevaron a cabo en más de un 30 por ciento de los casos.

A juicio de Arévalo, los importantísimos ingresos que obtiene el Estado por sanciones "no parece que reviertan en las mejoras para la seguridad vial y la fluidez del tráfico".

Además, el senador asegura que los recursos que se presentan no son estudiados suficientemente y la desestimación automática es lo que prevalece.

Asimismo, Arévalo afirma que "es intolerable la imprecisión en cuanto a la práctca de las pruebas propuestas, que sólo pueden ser rechazadas por improcedentes mediante resolución motivada, cosa que nunca se hace pese a tener reconocido este principio la misma Dirección General de Tráfico".

Por último, el portavoz socialista denunció que el Gobierno incumple sistemáticamente la práctica de las pruebas que se proponen, sin ninguna justificación legal.

Según Arévalo, "si se calcula que sólo un 3 por ciento de los acuerdos dictados son impugnados ante la juridiscción contencioso administrativa, dada su lentitud y los gastos de asesoramiento jurídico que ello puede llevar, es más significativo que el abuso de la Administración hace al desestimar, sin estudio suficiente, los recursos que se presentan contra las denuncias de tráfico, en perjuicio de los recurrentes, que terminan por sentirse desamparados".