Los departamentos ministeriales incumplieron esa obligación al menos en un 42 por ciento de los contratos suscritos en 1991, según pone de manifiesto la última memoria de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, dependiente del Ministerio de Economía, a la que tuvo acceso Servimedia.

La Junta Consultiva ha podido corroborar el alto grado de incumplimiento al poder comparar en ese ejercicio los datos remitidos al Registro por los departamentos ministeriales con una ecuesta realizada sobre la contratación administrativa, a raiz de un acuerdo en esta materia suscrito entre la Unión Europea y los Estados Unidos.

La comparación entre la información obtenida por ambas vías muestra que "el Registro de Contratos sólo ha recibido comunicación del 58 por ciento de los contratos reflejados en la encuestra y del 66 por ciento del importe de contratación obtenido en la misma", señala la memoria.

En concreto, los contratos comunicados al Registro fueron 26.634, por un imorte de 625.421 millones de pesetas, mientras que la encuesta reveló que se efectuaron 45.555 contratos, por una cantidad total de 952.231 millones.

Por ministerios, las mayores discrepancias se producen en el de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, que comunicó al Registro contrataciones por un importe total de 295.554 millones de pesetas, en tanto que la encuesta evidencia que contrató por 523.437 millones.

Igualmente destacado es el grado de discrepancia mostrado por el departamento d Defensa, que comunicó sólo 2.702 contratos, frente a los 14.604 revelados por la encuesta, y el de Interior, que informó de 469 (y la encuesta revela 2.432). Incluso en el Ministerio de Economía no 'casan' las cifras: 14.791 contratos y 77.086 millones, según los datos comunicados al Registro, y 16.373 y 80.793 millones, de acuerdo con la encuesta.

QUEJAS EUROPEAS

Fuentes del Ministerio de Economía consultadas por esta agencia indicaron que la comunicación de los datos sobre los contratos (importeobjeto del contrato, entre otros) es obligatoria, pero que no existe ningún sistema sancionador para imponerlo.

Las mismas fuentes recalcaron que, en todo caso, el único objetivo del Registro, es estadístico y que la información debe comunicarse a organismos internacionales, principalmente la Unión Europea.

A este respecto, la memoria de la Junta Consultiva reconoce que las evidentes carencias de la información facilitada al Registro ha dado lugar ya a quejas por parte de organismos internacionaes.

En concreto, señala que se han recibido "diversas observaciones sobre la fala de correspondencia de los datos comunicados -que siempre son los que se reciben de los distintos órganos de contratación- y los que resultan de otras fuentes, ya sea por la suma de los importes de contratos cuya licitación ha sido publicada en boletines y diarios oficiales o de los ratios consecuentes con el PIB, con las Cuentas Nacionales o con la liquidación de los presupuestos de gastos".

"Un ejemplo revelador", ñade la memoria, "es que mientras que el importe de los contratos de obra superiores al umbral de las Directivas reguladoras de los Contratos por los organismos que se integran en la Administración del Estado (Ministerios y Organismos Autónomos), representa un importe de 250.205 millones de pesetas, el importe de los contratos anunciados en licitación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas asciende a 534.180 millones de pesetas".

CAA Y AYUNTAMIENTOS

En todo caso, el incumplimiento a la hor de facilitar datos al Registro de Contratos es mucho mayor en el caso de las comunidades autónomas y las corporaciones locales, que también están legalmente obligadas a ello.

En relación al ejercicio de 1991, las comunidades sólo facilitaron información de 1.545 contratos, por un importe total de 46.589 millones. Comunidades como la andaluza, la asturiana, la canaria, la catalana, la castellano leonesa, la gallega, la madrileña y la vasca no proporcionaron ninguna información.

Por otra parte, lamemoria de la Junta Consultiva evidencia que el Estado adjudicó en 1991 "a dedo", sin concurso ni subasta previo, el 45,10 por ciento de los contratos realizados ese año.

En concreto, de los contratos comunicados al Registro, los adjudicados por la vía directa ascendieron a 282.047 millones de pesetas, frente a 303.849 millones por concurso y 39.526 millones por subasta.

La adjudicación "a dedo" fue frecuente en las tres modalidades principales de contratación (obra, suministros y contratos de asstencia con empresas consultoras o de servicios).