Martínez Robles señala que, según los últimos datos disponibles de 1992, el Estado gestionó el 57 por cien del gasto público, mentras que un 26,6 por cien correspondió a las autonomías y un 16,4 por cien a las corporaciones locales.

Sin embargo, la cuota del Estado disminuirá como consecuencia del desarrollo de los estatutos de autonomía de las comunidades del artículo 143 de la Constitución, incluyendo el coste de los servicios de Educación y Sanidad aún no transferidos.

"Esto significa", indica Martínez Robles, "que la dimensión efectiva de la franja de capacidad de gasto reservada al Estado quedaría reducida potencialente al 48,15 por ciento del gasto operativo del sector público".

"Las comunidades autónomas", añade, "alcanzarían, en términos potenciales, un 35,5 por cien de dicho gasto, mientras que las expectativas de las corporaciones locales están subordinadas a la concreción de un Pacto Local que habilite la posibilidad de transferir o ceder la gestión de determinadas competencias en este momento ejercidas por otros niveles de la Administración".

Sobre la situación económico-financiera de las corporacions locales, el secretario de Estado de Hacienda señaló que en este ámbito de la Administración el gasto ha crecido "a un ritmo muy fuerte que las actuales circunstancias obigan a replantearse".