La principal novedad del nuevo texto es el establecimiento de la cuantía de las indemnizaciones por categorías, puesto que el espíritu de la ley, el período temporal sobre el que tendrá efectos y la condiciones para acceder a las compensaciones están redactadas en los mismos términos que anteriores proyectos.

El documento entregado hoy a los grupos establece en 21 millones de pesetas la indemnización por fallecimiento, 65 millones por gran invalidez, 14 millones por incapacidad permanente absoluta, 7 millones por incapacidad permanente total y 3,5 millones por incapacidad permanente parcial.

Las compensaciones por lesiones permanentes no invalidantes se establecerán con arreglo al baremo delesiones de este tipo establecidas en la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro del Automóvil.

El Gobierno ha hecho un estudio sistemático de las sentencias de la Audiencia Nacional referidas a 500 fallecidos desde el año 1968. Los datos obtenidos se han combinado con las cuantías que en concepto de indemnización se han venido abonando en función de la legislación vigente.

Como resultado de ese análisis sobre los 500 fallecidos que tienen sentencia dictada, el Ejecutivo estima que habrá que pagarls 13.429 millones de pesetas. De ellos, 9.985 millones corresponden a los 336 supuestos que tienen reconocida una indemnización por sentencias superior a 21 millones de pesetas, que, según la proposición, se abonará según la sentencia establecida.

Otros 3.444 millones se refieren a los 164 casos que tienen reconocida en sentencia una cuantía actualizada inferior a 21 millones de pesetas, y que deberá ser incrementada hasta la cifra establecida por el texto de la proposición como indemnización para loscasos de muerte (en total serán 736 millones más).

A estas cifras habrá que sumar las correspondientes a aquellos fallecimientos producidos por hechos que según el texto legal den lugar al cobro de indemnización aunque no estén por el momento recogidos por ninguna decisión judicial.

Según la hipótesis del Gobierno, otros 500 casos podrían ser susceptibles de ser incluidos en los supuestos de la ley aunque no cuenten aún con sentencia judicial, lo que supondría 10.500 millones más. En total, las idemnizaciones por fallecimiento ascenderían a 23.929 millones de pesetas.

En cuanto a casos de lesiones permanentes no invalidantes, Cascos estima en la memoria económica de la proposición de ley que existen 768 casos recogidos en sentencias y estima que pueden aparecer otros 700 más.

Con arreglo a las indemnizaciones medias abonadas por los seguros de responsabilidad civil entre los años 1991 y 1998, se ha estimado que los ayudas medias sean de 2 millones de pesetas, lo que significaría un costetotal de 1.830 millones de pesetas para el Estado.

En cuanto a casos de invalidez e incapacidad en sus distintos grados, el Gobierno estima que además de los 589 casos que cuentan con sentencia, pueden presentarse reclamaciones en otros 500 casos, que tendrían un coste total de 14.571 millones de pesetas, con una media por indemnización de 8,8 millones de pesetas.