La garantía pública estatal es un sistema a través del cual el Estado asume el compromiso de asegurar las obras de relevante interés cultural que se presten para exposiciones celebradas en museos de titularidad estatal frente a la posible destrucción, pérdida, sustracción o daño que aquéllas puedan sufrir entre el acuerdo del préstamo y la devolución de la obra.

En la referencia del Consejo de Ministros, el Ejecutivo recuerda que el otorgamiento de esta garantía no tiene un coste inmediato, sino que es un compromiso del Estado, como asegurador, para hacer frente a un pago si alguno de los bienes culturales resultase dañado.