El Tribunal Administrativo de París ha condenado a las autoridades educativas galas al pago de 30.800 euros de indemnización a la familia de un adolescente con discapacidad psíquica, como consecuencia de una grave meningitis sufrida a los 8 años, por incumplir su obligación de escolarizar al niño, como establece el artículo 112 del Código de la Educación francés.

Los padres del niño llevaban reclamando una plaza en un centro adaptado a la Comisión de Educación Especial de su departamento desde el año 1996, sin obtener respuesta, a pesar de haber realizado múltiples solicitudes. Sólo las asociaciones privadas se ofrecieron a prestar ayuda a esta familia.

La Unión Nacional de Asociaciones de Padres de Hijos con Discapacidad Psíquica y sus Amigos (Unapei, según sus siglas en francés) ha prestado su apoyo a esta demanda y a las de otras cuatro familias en situaciones similares, que aún están pendientes de resolución.

En octubre de 2005, el mismo tribunal decretó una indemnización de 36.000 euros para la familia de un joven autista de Lyon, al que no se le concedió plaza en un centro educativo especial.