El artículo 71 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local establece que el Estado debe dar su autorización para someter a consulta popular cualquier asunto de competencia municipal y carácter local que sea de especial relevancia para los vecinos.

El Gobierno español argumenta que la decisión sobre la inclusión de parte del término municipal en un espacio protegido no es competencia del Ayuntamiento, sino de la Comunidad Autónoma y, por tanto, no se puede autorizar la consulta planteada en este caso.