El recurrente realizó su apuesta en el Patronato de Apuestas Mutuas Deportivas-Benéficas, una de cuyas normas reguladoras prevé la anulación previa de los boletos antes de la celebración de los eventos objeto de las apuestas. Asimismo, establece que la anulación eberá hacerse con la correspondiente publicidad.

Según una sentencia hecha pública hoy, el ganador de ambos premios (14.502.791 y 420.371 pesetas) cumplió con sus obligaciones, al presentar el boleto, rellenarlo con sus apuestas, pegándole el sello (los hechos ocurrieron a finales de 1984) y pagando la cantidad establecida para jugar.

"A partir de este momento, es la Administración la que debe cumplir con los trámites siguientes de la recogida y conservado de los boletos, su clasificación y escruinio", agrega la sentencia, echando mano de la jurisprudencia del Alto Tribunal. "Si durante este camino la apuesta formulada correctamente se pierde o destruye, no será por culpa del apostante, sino por culpa o negligencia de la Administración".

Para el Supremo, la Administración invalidó el billete y no lo anunció. Agrega además que el recurrente y ganador de la sapuestas "no tiene el deber jurídico de soportar el daño que la anulación del boleto le causa".

El Alto Tribunal estima que "la devolción del importe del boleto no constituye suficiente reparación del perjuicio experimentado" por el recurrente, que ha tardado 15 años en cobrar su quiniela.

Por esta razón, el Alto Tribunal condena a la Administración del Estado a pagar el importe de los premios (14.923.162 pesetas) más los intereses de demora.