Al Estado argentino se le reclama un total de 35 mil millones de pesos en los juicios ordinarios por jubilaciones mal contabilizadas, rebajas de sueldos y despidos no justificados. Además, los ahorradores solicitan al Gobierno de Néstor Kirschner unos 14 mil millones de pesos por el "corralito" financiero e finales de 2001, que evitó retirar depósitos en dólares en las entidades financieras del país.

Aunque el Estado inició negociaciones con los bancos para compensarlos por la "pesificación", la situación de los ahorradores aún está pendiente de definición en la Corte Suprema de Justicia, ya que, aunque muchos amparos fueron otorgados, todavía existen cerca de 200.000 ciudadanos que reclaman compensaciones a los bancos y al Estado.

Además, algunas empresas multinacionales han acudido a los tribunaes arbitrales para pedir responsabilidades económicas. Este es el caso de la compañía alemana Siemens, que pide 550 millones de dólares porque el Gobierno presidido por Fernando de la Rúa le rescindió, mediante un decreto, el contrato para la confección de los documentos nacionales de identidad.

Otra razón para el aumento de los juicios es que no tienen fin y se van acumulando. Según el diario argentino, el Gobierno hace más de un año que no paga los juicios que pierde.