Miembrosdel Cuerpo Nacional de Policía acudieron esta mañana al local, para ejecutar la orden de desalojo ordenada por el juzgado. Sin embargo, los ocupantes decidieron cerrar la puerta y hacer una resistencia pasiva y no violenta en el interior del edificio.

Finalmente, el juez decidió el aplazamiento del desalojo, tras las gestiones realizadas con representantes de la Asociación de Inquilinos y la Delegación del Gobierno, que dieron como resultado la convocatoria de una reunión, el próximo miércoles, entre os afectados y el consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV), Angel Aguirre.

Las quince familias que ocupan el inmueble, un edificio en construcción que está abandonado desde los últimos 20 años, son de Getafe y de los barrios madrileños de Vallecas y San Blas.

En su mayoría son matrimonios con varios hijos, que viven en condiciones infrahumanas, sufriendo las inclemencias meteorológicas, ya que el edificio no está cerrado al exterior.

Los colchones, la ropa sucia amontoada, las palanganas, las botellas de leche, los restos de comida esparcidos por el suelo, alguna estufa de butano y varias mesas y sillas conforman la decoración de las improvisadas habitaciones, resguardadas del exterior por unas cortinas viejas.

ESCOMBROS Y DESPERDICIOS

El local, que tiene varias plantas, sólo dispone de un retrete de pequeñas dimensiones y tiene numerosas zonas encharcadas y otras repletas de escombros y desperdicios, junto a las que corretean los niños.

Uno de los ocupantes José Luis Blanco, explicó a Servimedia que tanto él como su esposa y sus cuatro hijos se quedarán en el edificio hasta que la policía les eche a la fuerza.

José Luis es camarero y trabaja 14 horas diarias, aunque confiesa que el dinero que cobra es insuficiente para pagar un alquiler, y mucho menos para comprar un piso o dar una entrada.

"Yo no pido que me regalen un piso, quiero pagarlo con mi trabajo, pero no tienen derecho a exigirme unas cantidades a las que no puedo hacer frente", indicó. Otras personas señalan que están dispuestas a utilizar la violencia en caso necesario. "Mis hijos necesitan una casa", comenta una mujer, "y yo soy capaz de coger una pala y abrir la cabeza a un policía antes de que toque a uno de mis pequeños".

Enrique Pedrero, portavoz de la Asociación de Inquilinos, recordó que el denominado "decreto Boyer" ha echado a la calle a 350.000 familias y ha tenido unos efectos contrarios a los que se esperaba: los precios han subido y cada vez hay menos viviendas de aquiler.

Pedrero se mostró escéptico ante la reunión del próximo miércoles con los responsables de la EMV y anunció que los vecinos ya tienen buscado otro local, por si son desalojados del actual.

Igualmente, apuntó la posibilidad de organizar una ocupación masiva durante la campaña electoral de los comicios municipales y autonómicos, para poner de relieve el problema de la vivienda en Madrid.