"Aunque no está cuantificada la deuda", afirmó De Vicente, "nos consta que este departamento hace aguas por todas partes y está quebrado en el abono de cuotas a la Seguridad Social". Según este sindicato, el Ministerio de Defensa debe en algunos centros de trabajo hasta tres meses del concepto de IRPF.

Por otra parte, De Vicente anunció que la Audiencia Nacional considera firme la sentencia según la cual as adjudicaciones de un millón de pesetas que el ministerio concedió en 1990 únicamente a UGT y CCOO son ilegales y no fueron publicadas en el "BOE".

Asimismo, la Unión Sindical Obrera envió recientemente una carta al Tesoro Público, en la que solicita una aclaración sobre el destino de ese fondo presupuestario, para determinar si ha existido malversación de fondos.

CONTRATACIONES ILEGALES

Por su parte, Alejandro Cuezva, secretario general de USO-Defensa, denunció la contratación ilegal de persnal sanitario, como el caso de un trabajador mayor de 65 años, del que además fueron localizados cinco números diferentes de afiliación a la Seguridad Social.

Este sindicato considera que los directores de establecimientos militares no favorecen el desarrollo de los derechos sindicales del personal, ya que no permiten celebrar asambleas en los centros de trabajo e informar a los trabajadores.

Finalmente, Cuezva condenó la postura que mantiene el Ministerio de Defensa, que "amenazó con descuentos e hasta un 40 por ciento en las nóminas de los trabajadores que no se adhirieran al acuerdo de eficacia limitada".

USO presentó ayer una demanda en la Audiencia Nacional contra el departamento que encabeza Julián García Vargas, por considerar que discrimina a sus delegados sindicales.