Los socialistas quieren que la reducción del déficit público no implique un aumento de los impuestos y por ello piden que se combata más eficazmente el fraude fiscal y se controle el gasto público, sin dejar de destinar asignaciones de recursos públicos a la creación de empleo.

Sólo el Partido Popular (PP), Izquierda Unida (IU) y CDS han redactado un plan alternativo. Mientras los dos últimos lo hicieron público hoy, el PP ha preferido pospone esta presentación "para no solapar el debate político" del texto del Ejecutivo y el suyo propio, según explicó hoy el portavoz del Grupo Popular, Rodrigo Rato.

Por ello, Rodrigo Rato; el responsable del área económica del partido, Luis Gámir, y la portavoz del PP en temas comunitarios, Isabel Tocino, ofrecieron una rueda de prensa en la que se refirieron únicamente a las once propuestas de resolución que han presentado para enmendar el texto del Gobierno.

Las iniciativas conservadoras hacen espeial hincapié en la necesidad de reducir el gasto público siguiendo dos vías: la directa, recortando el presupuesto de las administraciones del Estado en 396.000 millones durante este año, y una indirecta, privatizando empresas públicas de transportes, correo, energía, telecomunicaciones y financieras, para obtener unos recursos mínimos de 450.000 millones de pesetas.

En opinión de Luis Gámir, esta última permitiría simultáneamente rebajar la presión fiscal sobre los ciudadanos y el déficit del sector úblico que, si este año sufre una desviación sobre lo previsto, hará que el plan de convergencia con las economías más desarrolladas de Europa "sea un fracaso".

Para reducir el gasto público en 396.000 millones de pesetas, Rodrigo Rato afirmó que el Gobierno debería revisar la oferta de empleo público, y reducir la nómina de altos cargos y de organismos estatales que no tienen funciones definidas.

El PP propone además rebajar hasta el 40 por ciento el tipo máximo del IRPF y reformar el Inem en sutotalidad, incluido el Plan de Empleo Rural (PER), no sólo reduciendo subsidios, como propone el Ejecutivo.

Además, el Grupo Popular presentó una propuesta de resolución adjunta al resto, para que las Cortes Generales habiliten un período extraordinario de sesiones en julio y agosto, al objeto de debatir las propuestas de ley más importantes derivadas del plan de convergencia, que deberán tener reflejo en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1993.

RETICENCIAS DE IU Y CDS

Eta iniciativa ha sido acogida con reticencias por IU y el CDS en una primera reacción. El portavoz de IU en el Congreso, Nicolás Sartorius, en la rueda de prensa para presentar el texto alternativo de la coalición al plan de convergencia elaborado por el Gobierno, aseguró que no hay que caer en la "demagogia", pero no apuntó si finalmente su grupo la aceptará.

Sartorius explicó las líneas generales de ese texto, entre las que destaca una propuesta de reducción de la tasa de desempleo hasta el 11 por cento y una bajada del déficit público al 3 por ciento para 1987.

El programa de IU contrasta con el de los otros grupos porque propone un aumento de gastos sociales en un porcentaje equivalente al 17,3 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) y una reducción de la inflación hasta el 4 por ciento.

El CDS, por su parte, resalta en su texto alternativo la necesidad de cambiar la política económica del Ejecutivo y muestra su convicción de que la obstinación en seguir con la misma política va a "dsparar" magnitudes como la inflación.

En opinión del portavoz del CDS para asuntos económicos, el diputado Joaquín Abril Martorell, las condiciones de bonanza económica mundial que coadyuvaron al despegue económico español ya no existen y, por tanto, será difícil que la economía española crezca por encima de las de los países más desarrollados, como ha venido haciéndolo en el período 1986/91.

Respecto a la propuesta de ampliación del período de sesiones que propone el PP, el portavoz del CDS en e Congreso, José Ramón Caso, comentó que "en principio" su partido no la apoya porque hay tiempo para debatir después de las vacaciones parlamentarias los proyectos de ley que sean necesarios y porque es urgente la presentación del plan de convergencia ante la Comisión Europea.

Por su parte, los grupos vasco y catalán han elaborado propuestas de resolución que no critican globalmente el plan del Gobierno, sino que inciden en cuestiones meramente técnicas y de asignación de fondos.

El Grupo Catalánpide en sus quince propuestas que se establezcan zonas de urgente reindustrialización y zonas de declive industrial, promover el ahorro de familias y empresas, reducir los tipos de interés, bajar el déficit público hasta el 2% del PIB en 1996 y reducir el gasto público mediante un recorte en las subvenciones a empresas públicas.

El PNV también incide en asignar urgentemente recursos para zonas en declive industrial y para superar el déficit tecnológico de las empresas españolas.