Actualmente, las penas que recoge el Código Penal para abusos sexuales contra menores son de seis meses a dos años de prisión y de cuatro a diez años de prisión cuando hay acceso carnal.

Calvo afirmó que, aunque este aumento de penas en los delitos sexuales es "positivo", todavía son "suaves", y argumentó que "nuestros legisladores no han tenido, ni tienen todavía muy claro cuál es el terrible daño que sufren niños y niñas con el fenómeno de la explotación sexual".

A su juicio, esta reformadel título VIII del Código Penal relativo a delitos sexuales "demuestra que nuestros políticos no son conscienten de la gravedad que tiene un Código Penal bondadoso con este tipo de delitos, que aprovechan las redes clandestinas de explotación sexual a menores".

Finalmente, Calvo consideró que esta reforma es consecuencia de la presión social que se ha ejercido por casos como el de Alcásser, el secuestro, violación y asesinato de tres niñas de esa localidad valenciana.