En la sentencia, los magistrados hacen una reflexión acerca del "alarmante protagonismo" que los ataques de perros a personas están teniendo en nuestra sociedad. "Estas situaciones deben de alertar a los órganos de la Administración competentes para dictar las medidas preventivas necesarias" para evitarlas.

Para los autores de la sentencia, "los ataques a ls personas por parte de perros sujetos al dominio del hombre (...) resultan injustificables cuando los avances científicos permiten la utilización de medios técnicos adecuados para el control de estos animales".

A juicio del Alto Tribunal, el control de este tipo de perros debe ser aún mayor cuando "por manipulaciones genéticas, alimentarias o de otro tipo, se propicia su fiereza y, de este modo, se les hace pasar de la condición de domésticos a la de animales dañinos".

"La sola tenencia (de estetipo de canes) ya significa la instauración de un riesgo por razón del peligro que representan para las personas, sobre todo si se trata de niños o ancianos", agrega el Supremo.

ATAQUE BRUTAL

Los hechos que han dado lugar a esta reflexión ocurrieron cuando dos niños jugaban cerca de la finca en la que se encontraban los mastines y éstos "atacaron brutalmente" a ambos, "causando a uno de ellos importantes lesiones en la cabeza y gravísimas secuelas estéticas y funcionales, con trascendentales repercuiones psicológicas que han condicionado negativamente su vida".

El Supremo rechaza el argumento de que los dueños de la finca no eran los amos de los perros y por tanto, no son responsables de éstos. En este sentido, los magistrados sostienen que "hay que atribuir el dominio (de ambos animales) a los propietarios de la finca a la que servían".

Asimismo, el Alto Tribunal sostiene que los dueños de la finca tenían los dos mastines para que vigilasen la tierra y que "basta la utilización en provechopropio para que surja la obligación de resarcir" a los dos menores que fueron atacados por los perros. Una de las víctimas deberá ser indemnizada con 34.420.000 millones de pesetas, mientras que la otra percibirá 150.000 pesetas.

De este modo, el Supremo confirma la sentencia dictada en su día por el juzgado de primera instancia número tres de Talavera de la Reina (Toledo).