Ana María Ferrer se inhibe con esta decisión a favor del Tribunal Supremo, dada la condición de aforado de Felipe González.

Con la denuncia se adjuntaba la documentación presentada públicamente por el Partido Popular, entre la que figura una carta en la que un director general de Transacciones Exteriores advertía al Ejecutivo de la presunta ilegalidad en la autorización d las inversiones de KIO en España, al no cumplir la ley sobre capitales extranjeros.

La denuncia señala que, a pesar de ello, el Gobierno no aplicó la obligada ley de inversiones extranjeras, por lo que pudo producirse un presunto delito de prevaricación.

El constructor anunció a esta agencia que tiene previsto personarse en el Alto Tribunal mediante una querella criminal contra González que el letrado Marcos García Montes está ultimando.

DISCULPEN LAS MOLESTIAS