Cursó la carrera de Derecho con premio extraordinario de licenciatura en la Universidad de Zaragoza y obtuvo su doctorado en Madrid, especializándose en Derecho Mercantil, especialidad en la que era "una primera espada", según uno de sus colaboradores.

En la actualidad era deano del Colegio de Abogados de Madrid, cargo para el que fue nombrado en 1973 y en el que fue reelegido por última vez el 19 de noviembre de 1991.

Asimismo, era presidente del Consejo General de la Abogacía Española desde hacía 18 años y, desde 1976, de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados, cargo para el que fue reelegido el pasado 16 de mayo.

También fue fundador y presidente del Círculo de Estudios Jurídicos, presidente de la Unión Profesional, Vicepresidente de la Unin Internacional de Abogados, miembro del Consejo de Estado y académico electo de Jurisprudencia y Legislación, entre otros cargos.

Senador por designación real en las Cortes Constituyentes, participó de manera muy activa en la redacción de la normativa referente al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional.

Además, fue el redactor y defensor de la enmienda, hoy convertida en artículo 36 de la Constitución, que reconoce a los colegios profesionales.

Pedrol Rius, que permanecía soltero y viva solo, practicaba con asiduidad la literatura, destacando entre sus libros "¿Quién mató a Prim?". Era un gran coleccionista de arte y entre sus obras figuran diversas tablas de los siglos XII, XIII, XIV y XV de gran valor.

Fumador empedernido de puros, Pedrol Rius era considerado por sus estrechos colaboradores como un gran negociador y un trabajador infatigable, así como un hombre de un gran sentido del humor y de una fina ironía.

Durante los últimos años diversos sectores de la abogacía cuestinaron la labor de Antonio Pedrol Rius al frente del Colegio de Abogados de Madrid. Sin embargo, en 1989 derrotó en las elecciones al decanato a Manuel Jiménez de Parga y el año pasado hizo lo mismo con Luis Zarraluqui, su principal oponente.

Pedrol Rius se mostró beligerante con algunas decisiones de carácter judicial adoptadas por el Gobierno, llegando a calificar de "inadmisible" la "ley Corcuera", por considerar que su aplicación puede vulnerar algunos derechos fundamentales.

En abril de 1991 dvirtió al Ejecutivo que la concesión de indultos a médicos condenados por practicar abortos contribuía a fomentar la incertidumbre jurídica.