La esposa de una de ellos, se entrevistó este mediodía con el líder de IU, a quien explicó la situación de estos ciudadanos detenidos, explicó, por controlar "organizaciones terroristas en Miami que son amparadas por el Gobierno de Estados Unidos.

Olga Salanueva indicó, en una rueda de prensa, que estos grupos terroristas "han llevado el luto y la muerte al pueblo cubano desde hace 46 años", una situación que pretendían evitar en territorio estadounidense los cinco ciudadanos hoy en la cárcel.

Todos tienen condenas superiores a 15 años, algunos de ellos cadena perpetua, como consecuencia de un proceso "plagado de injusticia, arbitrariedad, inconstitucionalidad" y acallado para que no llegue a la opinión pública, aunque ya cuentan con la solidaridad de 240 comités procedentes de 80 países.

Salanueva atribuyó a estos grupos, "financiados y amparados por el Gobierno de Estados Unidos para llevar el terror a nuestro país", acciones como la invasión de la Bahía de Cochinos, el sabotaje a un avión derribado en vuelo en el que murieron 73 jóvenes cubanos, o la contratación de mercenarios para poner bombas en hoteles de Cuba, lo que provocó la muerte a un turista italiano en 1977.

Los cubanos condenados intentaron combatir esta situación vigilando la actuación de los mencionados grupos, y fueron acusados de "conspiración para cometer espionaje" y condenados a largas penas, además de que se les prohíbe cuando salgan de la cárcel acercarse a los lugares donde se encuentran estos grupos.

Esta advertencia supone, para Salanueva, un reconocimiento de que los grupos terroristas existen y que seguirán actuando una vez que los prisioneros puedan recuperar su libertad.

Llamazares expresó su solidaridad con esta causa, y recalcó que es una muestra del "doble rasero y la hipocresía" del Gobierno estadounidense, que dice luchar contra el terrorismo en Iraq mientras consiente que grupos terroristas actúen en su propio país.

Denunció, asimismo, que en estos procesos "no se ha respetado ningún procedimiento judicial democrático, ni los derechos humanos de los familiares ni de los detenidos", por lo que urgió a permitir que se retome un juicio justo y se ponga en marcha el proceso de apelación, bloqueado desde 2003.