La nueva normativa exceptúa del principio general de libertad la exportación de billetes y cheques bancarios al portador, que deberá declararse cuando su cuantía supere el millónn de pesetas y estará sometido a autorización de la Dirección General de Transacciones Exteriores si rebasa los cinco.

El incumplimiento de esta obligación será considerado como infracción administrativa o delito monetario, lo que lleva aparejado penas de cárcel de hasta doce años y multas por un importe que puede llegar al quntuplo de la cantidad objeto del delito.

Para evitar que la liberalización permita operaciones de delincuencia monetaria, todos los cobros y pagos tendrán que efectuarse a través de entidades de crédito. Además, el autor de la operación deberá declarar los datos relativos a las partes que intervengan.

Entre esos datos figurarán el nombre, NIF, el importe de la operación, la moneda en que se efectúa, el país al que se dirige y el concepto por el que se produce. La entidad bancaria comunicará estosdatos a la Administración a efectos fiscales y estadísticos.