Respecto a los grupos desfavorecidos que primordialmente tienen que ser objeto de la acción social de las empresas, los encuestados se decantan por los niños con dificultades (así lo cree el 61% de los encuestados), a los discapacitados (37%), a las personas mayores (34%) y a los enfrmos (32%).

También destaca el dato de que el 29% de los ciudadanos desea que las empresas españolas colaboren en programas sociales de atención a mujeres abandonadas o con cargas sociales no compartidas. Por el contrario, sólo un 9% de los encuestados da prioridad a los programas dirigidos a inmigrantes.

Por otro lado, el 79% de los entrevistados estaría dispuesto a colaborar a favor de personas desfavorecidas aportando un día de su sueldo al año.

En comparación con los resultados obtenidosen el estudio realizado en julio de 2000, el grado de prioridad que conceden los ciudadanos a proyectos de acción social ha ido en aumento. En cambio, otras áreas de interés general han perdido importancia para los ciudadanos, en especial la cultura, que en la actualidad es considerada prioritaria sólo por el 8% de los encuestados, frente al 15% de julio de 2000.

La opinión mayoritaria es que la atención social también es cosa de las empresas y cada vez son menos los españoles que creen que sea funció exclusiva del Estado. Sólo uno de cada cinco trabajadores piensa que su empresa debe preocuparse más por temas internos que por asuntos externos.