El objetivo del denominad "impuesto ecológico" es penalizar los consumos energéticos contaminantes y la emisión de dióxido de carbono (CO2), principal promotor del "efecto invernadero".

Los ministros de Obras Públicas y Transportes (MOPT), José Borrell, y de Industria, Comercio y Turismo, Claudio Aranzadi, ya habían expresado su rechazo a esta iniciativa, por entender que un impuesto único no resultaría equitativo, ya que las emisiones de CO2 no son iguales en todos los Estados comunitarios.

Por su parte, los ministros d la CE responsables de los asuntos medioambientales mantuvieron una reunión informal el pasado 12 de octubre en la que concluyeron que es necesario alcanzar un acuerdo a este respecto en la cumbre de Maastricht, que se celebrará los próximos días 9 y 10 de diciembre.

Sin embargo, las palabras de Vicente Albero revelan las dificultades que existen para que los doce países alcancen el consenso.

A la reunión, celebrada en el MOPT, asistieron responsables de la Sociedad Española de Ornitología (Seo),Greenpeace, la Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza (Aedenat), el grupo Querais, la Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental (Coda) y la Asociación para la Defensa de la Naturaleza (Adena).

BENEFICIA A LA NUCLEAR

El secretario de Estado resaltó que el impuesto grava, principalmente, al petróleo y no penaliza a la energía nuclear, que genera residuos radioactivos con un elevado poder contaminante.

Esa tasa contempla un recargo de diez dólares (unas mil pesetas), a partir el año 2000, por cada barril de petróleo consumido en las industrias más contaminantes, a excepción de los sectores químico, papelero, de metales no ferrosos, cemento y vidrio.

La Comisión Europea pretende que ya en 1993 se empiece a pagar tres dolares (alrededor de trescientas pesetas) por barril, para ir subiendo progresivamente hasta los diez.

6.000 BILLONES

Asimismo, calcula que a partir del año 2000 la cantidad económica recaudada a través de esta tasa podría superar los 6.000 billones de esetas anuales.

No obstante, los Estados menos desarrollados, como España, Grecia y Portugal, ven la propuesta con recelo por el encarecimiento que supone en los precios energéticos.

En la reunión, el representante gubernamental también analizó la situación actual de la política del agua, al tiempo que expresó la intención del MOPT de potenciar el aprovechamiento hidroeléctrico por medio de fuentes renovables de negativo impacto medioambiental.

Vicente Albero manifestó a los ecologistas la itención de su departamento de modificar la Ley de Aguas para triplicar la cuantía de las sanciones que contempla la normativa actual.