Los ecologistas han iniciado una campaña unitaria en los doce países para pedir la reforma de los reglamentos que regulan la distribución de estas ayudas. A su juicio, la situación española no es un caso aislado, ya que ocurre lo mismo en otras naciones, como Grecia y Francia.

Cristina Alvarez, de la Asociación de Defensa de la Naturaleza, una de las doce organizaciones españolas que han formulado la denuncia, aseguró hoy en rueda de prens que estos hechos han provocado que el Tribunal Europeo de Cuentas haya abierto una investigación contra España.

Según los demandantes, los casi dos billones de pesetas que anualmente invierte la CE a través de los fondos estructurales para el desarrollo de las regiones más pobres promueven, a menudo, proyectos que contribuyen decisivamente a la degradación de los ecosistemas.

Carlos Martín-Novella, de la Sociedad Española de Ornitología (Seo), recordó que el Tratado de Roma obliga a la CE a asegrarse de que las acciones realizadas con su apoyo financiero respetan la legislación ambiental.

Las organizaciones conservacionistas mantienen que en nuestro país existen numerosos ejemplos que demuestran la veracidad de sus argumentos.

Entre los proyectos denunciados destacaron la construcción de un embalse en la cuenca del río Montsant (Tarragona), diversos proyectos de regadío en Extremadura que están destruyendo amplias dehesas de encina y alcornoque, concentraciones parcelarias en Cáceres, cnstrucciones de carreteras por todo el Estado, el caso de las Marismas de Santoña en Cantabria y la construcción del TAV.

Como solución proponen que todos los fondos promuevan el uso sostenible de los recursos naturales, crear una nueva área de inversiones, que las organizaciones no gubernamentales participen en los comités de seguimiento que supervisan el destino de las inversiones, hacer públicos todos los planes de desarrollo y que la Comisión suspenda los fondos cuando el derecho ambiental comunitrio sea vulnerado.

Las principales quejas de los ecologistas hacen referencia a la ausencia de estudios de impacto ambiental, a la ocultación de información y a la violación de la directiva de aves.

Segun Cristina Alvares, el propio Parlamento Europeo ha reconocido que en España "predominan las inversiones en sectores de infraestructura menos productivas".