La directiva obliga a los estados miembros de la UE a actuar dentro de seis campos, entr los que destacan: la certificación energética de los edificios para que los usuarios puedan conocer sus futuros consumos; el establecimiento de programas con el objetivo de que la facturación de los gastos de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria sea individual en función del consumo real, y la mejora de las condiciones de aislamiento de los edificios nuevos.

Para Aedenat, este hecho "es sólo un botón de muestra de la frivolidad con que el Gobierno se enfrenta al gravísimo problema delcambio climático", y considera que "esta decisión muestra a las claras el fracaso de la política de la UE en relación con el cambio climático".

El objetivo de la UE se limita a estabilizar las emisiones de CO2 para el año 2000 al nivel de 1990, lo que queda muy lejos de lo que los científicos juzgan necesario para limitar a lo razonable los efectos del cambio climático, según Aedenat.