El plazo para adoptar y enviar las disposicions nacionales de esta norma era el 30 de octubre de 1999, y aunque las autoridades españolas han enviado ya un proyecto de medidas, su adopción no está prevista antes de finales de 2001.

El Reino Unido, Grecia y Finlandia también deberán responder por incumplir esta directiva ante el Tribunal de Luxemburgo. Además, la Comisión ha advertido a Luxemburgo, Alemania y Bélgica de que deben notificar sus medidas de aplicación de la norma en un plazo de dos meses.

"La directiva IPPC supone un avance signficativo en la regulación medioambiental de las actividades industriales contaminantes. Insto a los Estados miembros retrasados en sus legislaciones nacionales a que hagan todo lo posible para concluir cuanto antes la necesaria tarea legislativa al respecto", afirmó la comisaria de Medio Ambiente, Margot Wallström.

Esta norma es uno de los elementos fundamentales de la legislación comunitaria reciente en este ámbito y se aplica a un gran número de actividades industriales potencialmente contaminantes,como la energía, la producción y el tratamiento de metales, la minería y el sector químico, las instalaciones de gestión de residuos y determinadas instalaciones agroalimentarias.

Su objetivo es prevenir o reducir la contaminación del aire, el agua y el suelo mediante la creación de un sistema de permisos exhaustivo que tiene en cuenta todos estos medios ambientales en su conjunto.