Cañón declaró a Servimedia que en España existe un intérprete por cada 80 personas sordas, frente a las ratios de otros países de la Unión Europea (sobre todo los nórdicos), donde hay un intérprete por cada diez personas sordas.

El presidente de la CNSE criticó también el "recorte" del 40% en el convenio para prestar servicios de intérpretes, pese a que los Presupuestos Generales del Estado contemplaban una partida de 1.200.000 euros para la cobertura de intérpretes de lengua signos "en todos los ámbitos de la vida".

"Con la ley aprobada, tiene poco sentido esta reducción", señaló Cañón, quien se mostró "dispuesto a hablar" con la Administración al respecto.

FALTA VOLUNTAD POLÍTICA

El presidente de la CNSE se refirió también a la Ley de Lengua de Signos y de Comunicación Oral y dijo que su principal aspiración para este año está en el 25 de octubre, fecha en la que deberían cumplirse todos los desarrollos pendientes en la norma.

En su opinión, hace falta "voluntad política" para que las medidas que contempla la ley "se lleven a la práctica". "En esta época de crisis tenemos que preparar el terreno para cuando vengan mejores épocas", añadió.

Por otra parte, Cañón confió en que esta legislatura "se recupere" la Ley General Audiovisual, que contemplará un incremento escalonado para conseguir cerca de un 100% de contenido subtitulado en las televisiones públicas. A este respecto, considera que la norma "debería obligar a todas las cadenas" a hacerlo.

Las carencias formativas para el colectivo, su aspiración de que "toda persona sorda sea bilingüe" (castellano, gallego, catalán o euskera más lengua de signos), la necesidad de avanzar hacia la creación del centro de normalización de la lengua de signos española y una mayor accesibilidad de la mujer sorda a la información y políticas públicas (el 016 no es accesible, por ejemplo) son otras de las cuestiones a las que se refirió.