Según informó este viernes el Ministerio del Interior, hasta el 7 de julio la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) y la Policía Nacional han tramitado y concedido un total de 180.785 protecciones.

Interior destacó que la Comisión Europea comunicó el pasado mes de marzo al Consejo de Ministros del Interior la prórroga de la protección temporal hasta marzo de 2024. La activación de la Directiva de Protección Temporal, por primera vez desde su creación en 2001, se aprobó por unanimidad en el Consejo de Ministros del Interior celebrado el 4 de marzo de 2022, y solo seis días después España puso en marcha el procedimiento urgente de solicitud y tramitación.

Al mismo tiempo, el 62% de las personas que han obtenido la protección temporal en España son mujeres (112.591) y el 38% hombres (68.194). Por franja de edad, el 32% tiene menos de 18 años; el 26%, entre 19 y 35 años; el 35%, entre 36 y 64; y el 7% tiene más de 65 años.

VALENCIA Y CATALUÑA, EN CABEZA

Además, la mayoría de las personas que han conseguido la protección temporal, el 98,1%, son ciudadanos de nacionalidad ucraniana, mientras que el 1,9% restante se corresponde con ciudadanos de otras nacionalidades que residían legalmente en territorio ucraniano cuando estalló la guerra.

Comunitat Valenciana (50.066), Cataluña (41.343), Andalucía (25.952) y Madrid (24.972) son las comunidades autónomas en las que se han tramitado y concedido más protecciones temporales.

El mecanismo activado por la OAR de Interior permite otorgar de manera ágil y sencilla la protección temporal en un plazo máximo de 24 horas desde la solicitud. El procedimiento se inicia en las comisarías de la Policía repartidas por todo el territorio nacional y en los centros de recepción habilitados, donde funcionarios, apoyados por intérpretes, se encargan de tomar los datos identificativos a los ciudadanos ucranianos.

Esta solicitud es posteriormente tramitada por la OAR y resuelta en el plazo máximo de 24 horas. Todas las protecciones temporales tramitadas conllevan el permiso de residencia y, para los mayores de edad, de trabajo. Además, en virtud de lo establecido por la Dirección General de Tráfico, los desplazados que obtienen la protección temporal pueden utilizar legalmente sus permisos de conducir.