A través de un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el Ejecutivo recordó que sigue abogando por la abolición total de la pena de muerte en toda circunstancia, “una prioridad de nuestra política exterior recogida en la Estrategia de Acción Exterior 2021 – 2024”.

“España hace un llamamiento a todos los Estados retencionistas para que avancen hacia el establecimiento de moratorias, de facto o de iure, como paso previo hacia la abolición completa”, señaló.

Igualmente, instó “a que promuevan las reformas jurídicas necesarias para evitar la aplicación de la pena capital a menores de edad, a personas que cometieron delitos durante su minoría de edad, a personas con discapacidad o a personas LGTBI”. También pidió que tengan en cuenta “los efectos de la aplicación de la pena de muerte en los menores a cargo de los condenados y protejan sus derechos”.

Exteriores advirtió que, aunque la tendencia hacia la abolición de la pena de muerte es constante, pese a que cada vez más países que eliminan este castigo de sus ordenamientos jurídicos, “es extremadamente preocupante que desde 2020 está aumentando el número de ejecuciones en todo el mundo”.

El Gobierno enfatizó que seguirá apoyando a la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, con sede en Madrid, fundada en 2010 a iniciativa del Gobierno español, así como las iniciativas multilaterales y de la sociedad civil que tengan por objetivo la abolición universal de la pena de muerte.