También el año pasado Francia procedió a la entrega administrativa de Miguel Angel Zarrabe Elkoroidibe "Miquelxo", que llegó a España el 8 de diciembre.

Además, Juan Manuel Soares Gamboa regresó el pasado año a España a petición prpia y desde entonces colabora con la Justicia en distintos casos relacionados con la actividad terrorista de ETA, tras expresar su oposición al uso de la violencia.

Pendientes quedan decenas de peticiones hechas por España a distintos países europeos y americanos. Algunas de esas peticiones están concedidas pero los terroristas se encuentran cumpliendo penas por otros delitos en los países a los que se solicitó la extradición.

Algunos destacados dirigentes etarras como Belén González Peñalba, intgrada en el "comando Madrid" bajo la dirección de Gamboa, Ignacio Aracama Mendía "Macario", que participó en las conversaciones de Argel o Juan Ramón Iturbe Abásolo, hermano del lider ideológico de ETA "Txomin", tienen sus casos pendientes de resolución por las autoridades de Santo Domingo.

Hoy mismo las autoridades francesas tienen previsto entregar a España a los presuntos colaboradores de ETA Aroitz Salegui García y Miguel Angel Ibarguren, ambos con varias causas abiertas en la Audiencia Nacional. También está pendiente la decisión del Ministerio de Justicia belga que anunció su intención de conceder la extradición de la presunta colaboradora del "comando Vizcaya" Raquel García, esposa de Luis Moreno, que previsiblemente también será entregado a España.

En estos momentos, el Gobierno español está tramitando la petición de extradición de Eugenio Etxebeste "Antxon" a la República Dominicana, donde se encuentra deportado.

Está pendiente también la resolución de la extradición de Benjamín amos Vega, reclamado por los tribunales españoles como presunto miembro del "comando Barcelona", que se encuentra en Alemania.

Las peticiones hechas por las autoridades españolas a Bélgica, Alemania y a algunos países centro y sudamericanos han chocado en el pasado con las reticencias de sus autoridades, que en ocasiones han considerado la actividad de los etarras como delito político.

En este sentido, el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, ha tratado durante la presidencia espñola de la Unión Europea en el segundo semestre de 1995 de que desaparezca el concepto de delito político en el seno de la Unión, puesto que todos sus miembros son países democráticos con garantías para las libertades individuales.