Durante su comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo, Fernández-Miranda cifró el número de extranjeros que residen legalmente en España en 1.410.107, frente a los 360.000 de 1991 ó los 538.000 de 1996, lo que confirma el crecimiento exponencial e la presencia de inmigrantes en el territorio nacional.

De estos inmigrantes, un total de 441.000 proceden de la UE; 389.000 son europeos no comunitarios; 279.000 vienen de Africa; 239.000 más de América; otros 80.000 de Asia; cerca de 1.000 de Oceanía, y 1.037 son considerados apátridas.

Más de la mitad de los extranjeros tienen entre 25 y 44 años, un 18% entre 45 y 64 años, un 10% entre 19 y 24 años, un 11% son menores de 16 años y el 7% restante sobrepasan la edad legal de jubilación.

Po sexos, el 54% son varones y el 46% mujeres, aunque destaca que entre los procedentes de otros países europeos y de Asia, hay paridad entre hombres y mujeres. Por contra, entre los africanos 7 de cada 10 que están en España son hombres, mientras que entre los americanos sucede lo contrario, el 70% de los residentes en España son mujeres.

El 35% de los extranjeros residentes en España viven entre la Comunidad de Madrid y Barcelona, un 14% en los dos archipiélagos, canario y balear, un 15% en Andalucíaotro 10% en la Comunidad Valenciana. Incluida Barcelona, Cataluña llega a concentrar el 24% de los extranjeros.

SEGURIDAD SOCIAL

A octubre del 2001, la Seguridad Social contaba con un total de 609.237 afiliados extranjeros, de los cuales el 29% eran africanos, el 28% provenían del espacio económico europeo y el 26,6% eran sudamericanos.

El 65% de los afiliados extranjeros cotizaban en el Régimen General, en los sectores industrial y de servicios, mientras que entre los españoles la tasa de cotzantes en estos regímenes se eleva al 74%.

La tasa de inmigrantes autónomos es del 13,2%, frente al 16,7% de los españoles; en el agrícola un 11,8%, frente a un 7,1% de los nacionales; y en el doméstico un 8,4%, en contraposición al 0,98% de la población española.

La Comunidad de Madrid, Cataluña y Andalucía concentraban a octubre del 2001 el 55% de los extranjeros afiliados a la Seguridad Social. En cuanto a los demandantes de empleo, a finales de septiembre había 73.980 extranjeros inscritos enel Inem. EXPLOTACION

Fernández-Miranda afirmó que el binomio "irregularidad explotación es común y sinónimo de fenómenos de pobreza, de marginación y de delincuencia de supervivencia" y añadió que "nuestra vergüenza es que los explotadores son españoles, porque hay, con todas las palabras, explotación laboral".

La diputada del PSOE Isabel López i Chamosa, ante la fijación del contingente de extranjeros necesarios para el 2002 en 32.100 personas, exigió que se combinen las necesidades reales de lasociedad para determinar esta cifra y "evitar que se utilicen a los extranjeros para abaratar la mano de obra".

El diputado de IU Antero Ruiz preguntó a Fernández-Miranda si no era suficiente para atender las necesidades de los empresarios, con los 300.000 inmigrantes ilegales que hay en España. El delegado del Gobierno respondió que "no vamos a repetir" ningún proceso extraordinario de regularización de inmigrantes, ya que es "el peor sistema posible".

"FASCISTA"

Sobre la cifra del contigente,Fernández-Miranda dijo que "preferimos equivocarnos a la baja y luego revisarlo, si es necesario, a mitad de año, aunque el señor Llamazares me llame fascista por ello".

López i Chamosa afirmó que, si se quiere garantizar la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social, la necesidad de inmigrantes "es evidente".

Sin embargo, el diputado del PP Tomás Burgos replicó que la viabilidad del sistema público de pensiones "no se solucionaría" con los inmigrantes, "simplemente se retrasaría el problema" Fernández-Miranda refrendó que la inmigración "no es una solución mágica para casi nada, ni para garantizar el Estado de Bienestar ni para el desarrollo de las sociedades primarias".

En opinión del delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, se debe establecer un "retorno cíclico" de los inmigrantes a sus países de origen, para contribuir, de este modo, al desarrollo de sus sociedades