Esta cifra supone que el 4% de los municipios españoles cuenta ya con una figura de este tipo, siendo País Vasco y Navarra las comunidades autónomas donde más han florecido.

Una de las singularidades del Observatorio es que no solo ofrece una radiografía sobre el impacto y evolución en España de estas figuras, sino que además integra aspectos económicos, energéticos, sociales y de gobernanza.

Así, uno de los hallazgos del informe es que la pobreza energética es una situación a la que estas comunidades intentan dar solución, pues el 32% atienden esta problemática o tienen planificado hacerlo.

Un dato menos positivo es el relativo a la participación de mujeres en sus juntas de gobierno: tan solo el 25% cuenta al menos con un 50% de mujeres en sus órganos de dirección.