"El riesgo potencial derivado de desastres naturales, actos terroristas o la inestabilidad social y política en algunas de las zonas del mundo de donde provienen los recursos energéticos muestra con claridad que la Unión Europea carece, en este momento, de instrumentos adecuados de protección y reacción", advierte la declaración.

Ambos países consideran necesario proteger a los ciudadanos de la Unión y a los estados miembros "frente a posibles perturbaciones en los suministros de energía, las fluctuaciones súbitas de precios y la desestabilización en los mercados energéticos".

En estas circunstancias, expresan su respaldo a los esfuerzos de la Comisión Europea para fortalecer una Política Europea de la Energía, lo que requiere fundar una acción colectiva solidaria, y considerar soluciones prácticas para la adquisición, almacenamiento y transporte de recursos energéticos entre todos los estados miembros.

Asimismo, apuestan por desarrollar una estrategia que equilibre el desarrollo sostenible, la competitividad y la seguridad del suministro; y fortalecer la diversificación de los suministros en los mercados energéticos como el procedimiento más adecuado para alcanzar la seguridad energética.

Cooperar con países productores no pertenecientes a la Unión e incluir medidas en los planos nacional y europeo para cumplir los criterios definidos en el Consejo Europeo de Barcelona de 2002, que fijó un nivel mínimo de interconexión en materia de electricidad del 10 por ciento de su capacidad de producción instalada, son otros de sus objetivos.

Por último, ambos países reclaman la adopción de medidas adecuadas para garantizar las interconexiones gasísticas necesarias, y confían en que el Consejo Europeo de Bruselas de los días 23 y 24 de marzo de 2006 contribuya a construir una Política Europea de la Energía sólida y eficaz.