El pasado 2 de diciembre, Rigoberta Menchú presentó en la Audiencia Nacional una denuncia por genocidio, terrorismo de Estado y torturas contra las autoridades militares de Guatemala anteriores a los actuales acuerdos de paz, por ordenar más de 23.000 ejecuciones, entre ellas las de varios ciudadanos españoles.

Entre los casos denunciados, Rigoberta Menchú destacó el asalto a la Embajada de España en Guatemala, el 31 de enero de 1980, en el que murieron 39 personas y cuyo únic superviviente fue el diplomático Máximo Cajal. Asimismo, citó el asesinato de su familia, razón por la que se presenta como acusación particular.

Para el fiscal Rubira, los delitos denunciados por Menchú fueron cometidos fuera del territorio español por personas extranjeras y el hecho de que muriesen varios españoles en el asalto a la Embajada de España en Guatemala no implica que los jueces españoles sean competentes para investigar el caso.

Añade que "lo ocurrido en la República de Guatemala fe un auténtico conflicto armado que duró 30 años, en los que se produjeron más de 100.000 muertos, lográndose la paz en diciembre de 1996 entre la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el presidente de Guatemala". Con este argumento, el fiscal zanja la cuestión del delito de genocidio, por considerar que no se trató de masacrar a un grupo étnico, nacional o religioso.

El fiscal Rubira puntualiza, en consecuencia, que "la URNG renunció a la lucha armada", se dictó la Ley de Reconciliació Nacional y se creó la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, cuya misión consistió en delimitar responsabilidades sobre la violencia institucional, que dejó un balance de 100.000 muertos y 50.000 desaparecidos.

COSA JUZGADA

Asimismo, recuerda que la República de Guatemala, como Estado soberano, ha resuelto resolver los horrores de su pasado en la forma en que sus mayorías democráticas [...] han estimado conveniente y necesario", como pueden ser la aprobación de la Ley de Reconciliación Naciona o la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. En este sentido, sostiene que la denuncia de Rigoberta Menchú es ya "cosa juzgada".

En cuanto al terrorismo, Rubira sostiene que "lo determinante de este delito es el ser un delito contra la humanidad y, como tal, España sólo ha firmado la Convención Europea sobre Represión del Terrorismo (Estrasburgo, 1973) con un ámbito de aplicación sólo y exclusivamente para las naciones europeas".

Respecto al delito de torturas, el fiscal señala que España nofirmó la Convención contra la Tortura y otroos tratos o penas crueles (Nueva York, 1984) hasta 1987, la cual no es aplicable restrocativamente. La hechos denunciados por Rigoberta Menchú sucedieron entre 1976 y 1983.