Según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración a los que tuvo acceso Servimedia, estos acuerdos entraron en vigor en el año 2001 y principios de 2002, excepto en el caso de Ucrania que se rubricó en enero de 2007. Además, existían convenios con Rumanía y Bulgaria, aunque quedaron desactivados "en parte" tras su entrada en la UE.

En principio, según explicó ayer el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, los trabajadores de estos países serán, junto a los de tareas muy especializadas, los únicos que las empresas españolas podrán contratar en origen el próximo año.

Este tipo de convenios bilaterales para la regulación y ordenación de los flujos migratorios laborales, incluyen la comunicación de ofertas de empleo, la valoración de requisitos profesionales o las disposiciones específicas de trabajadores de temporada, entre otros.

Además, España mantiene acuerdos de readmisión con otros 22 estados y dos más con los que el convenio está rubricado a falta de su firma.

Este tipo de convenios, aunque en principio tienen como objeto el de facilitar la identificación y readmisión de los inmigrantes, en algunos casos se han convertido en acuerdos de cooperación que incluyen el compromiso de impulsar la contratación legal. Éste es el caso de los pactos firmados con con Gambia, Guinea-Conakry, Cabo Verde, Malí y Níger.