Así lo manifestó Pérez Rey en su comparecencia en la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados, aludiendo a cifras de la última Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En su intervención, señaló que había 64.900 fijos discontinuos en inactividad, 95.500 menos que el año pasado y 14.000 menos que el trimestre anterior. Son solo el 0,3%, un porcentaje que Pérez Rey calificó de “insignificante”.

Si se atiende a los datos de la Seguridad Social, en septiembre había 981.250, el 45,7% de los ocupados, tres décimas menos que en septiembre de 2023 y el mismo porcentaje que en ese mes en de 2022. “Un porcentaje muy pequeño para tanta polémica”, afeó Pérez Rey en referencia al cuestionamiento de las cifras del PP, que acusó en varias ocasiones al Gobierno de aplicar “maquillaje” a los datos de paro.

En este sentido, se mostró “francamente sorprendido” por que “se pongan en duda las cifras” sobre mercado laboral en España, porque son las comunidades autónomas las que “recolectan” esos datos, y siempre “sembrando la duda” sobre el contrato fijo discontinuo.

POLÍTICAS DEL MINISTERIO

Pérez Rey señaló que “está fuera de toda duda” que el Ministerio de Trabajo tiene como “método el diálogo social”, que ha permitido alcanzar desde 2020 un total de 20 acuerdos con los interlocutores sociales. Ubicó en este punto la ‘ley rider’, la del teletrabajo, la reforma laboral o la Estrategia de Salud y Seguridad en el Trabajo.

Se detuvo en la reforma laboral para poner en valor que “desde finales de los 70 hasta 2021 la legislación laboral española se empeñó en promover la precariedad como la única fórmula de crear empleo”, una dirección que cambió con la normativa laboral pactada con sindicatos y patronal en diciembre de 2021, al igual que los ‘ERTE covid’, que protegieron a 3,5 millones de trabajadores y medio millón de empresas. Con la reforma laboral, recordó que la temporalidad en España ha caído hasta situarse en la media europea o incluso un poco por debajo.

También destacó que el Ministerio ha dado “plenitud” de derechos laborales a las empleadas de hogar, “al margen” del sistema de protección de desempleo o despido libre hasta 2022.

“Este tránsito de un estatus de no ciudadanía a ciudadanía plena en el trabajo se ha producido con un enorme esfuerzo por parte de los poderes públicos. La incorporación de las empleadas de hogar no ha supuesto trasladar el coste a las familias. Somos conscientes que la mayoría de empleadores particulares no son empresarios y hay que tener en cuenta sus características”, añadió.

Por otra parte, puso en valor las mejoras introducidas en el sistema de protección por desempleo y elogió el esfuerzo de los trabajadores del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en materias como las políticas activas de empleo.

Con todo, reconoció margen de mejora y defendió la reforma que mejora la coordinación de quienes agotan su protección por desempleo y deben pasar a estar amparados por el Ingreso Mínimo Vital (IMV). “Los que tenemos que coordinarnos somos los servicios públicos, no los ciudadanos”, argumentó.