El próximo 31 de diciembre, España tendrá que haber finalizado la recogida y los sistemas de tratamiento de los residuos procedentes de urbes vertidos a las aguas del Segura. Posteriormente, la Comisión Europea procederá a verificar, si es necesario, que cada zona urbana implicada cumpla las obligaciones.

La comisaria responsable de Medio Ambiente, Ritt Bjerregaard, ha explicado, con motivo de una inerpelación parlamentaria, que la Comisión ha tenido que iniciar procedimientos de infracción contra España por incumplir programas de reducción de desechos en las aguas de este río. Los europarlamentarios españoles Novo Belanguer (ARE) y Gasòliba (ELDR) querían conocer las medidas que contempla la Comisión para el caso concreto del Segura.

La Directiva 91/271/EEC de mayo de 1991 sobre tratamiento de residuos procedentes de ciudades obliga a cada Estado a asegurar que las poblaciones superiores a los 2000 habitantes están equipadas con plantas de tratamientos de las aguas.

Este tratamiento ha de ser más riguroso cuando las zonas habitadas sobrepasen los 10.000 habitantes, cuyos desechos van a parar a las zonas que se identifican como "sensibles" en la cuenca de los ríos.