Este acuerdo, cuya firma ya obtuvo el visto bueno del Consejo de Ministros del 14 de septiembre de 2007, tiene como principal objetivo regular las coproducciones cinematográficas entre España y Nueva Zelanda.

El acuerdo establece las normas a las que deben ajustarse la realización de las coproducciones; las autoridades que pueden autorizarlas en cada uno de los países; los requisitos que deben cumplir los productores interesados y las disposiciones que rigen los trabajos de rodaje, entre otros aspectos.

En el caso de España, las autoridades competentes son el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y sus homólogos en las Comunidades Autónomas.