El acuerdo tiene como finalidad instaurar un sistema de cooperación dirigido a acabar, en los procesos de adopción internacional, con la sustracción, el tráfico y la venta ilegal de menores de edad.

Así, regula el procedimiento de las adopciones, en el cual las autoridades centrales y las organizaciones autorizadas por ellas tienen una intervención destacada.

El procedimiento de las adopciones debe ajustarse a una serie de principios, como el interés superior del niño, las razones humanitarias, el carácter voluntario, la conformidad con la ley interna de cada Estado, la intervención de las autoridades competentes en el proceso de adopción.

También establece la prohibición de beneficios financieros indebidos en el proceso de la adopción, así como de otras acciones que conculquen los derechos e intereses fundamentales de los niños.