En virtud de este tratado, que se rubricará a mediodía en el Ministerio de Justicia, los dos países se comprometen a incrementar la cooperación judicial para prevenir y reprimir la delincuencia, especialmente en lo concerniente alas bandas organizadas y al terrorismo.

A partir de su entrada en vigor, ambos países quedarán obligados a la entrega mutua de los delincuentes sobre los que pese una solicitud de extradición en los casos de delitos con penas privativas de libertad superiores a un año.

En el texto, que se compone de 8 artículos, se especifican las condiciones de las entregas y los requisitos de las peticiones. Se excluye expresamente el castigo con la pena capital para una persona extraditada.

Además, se excuye la posibilidad de que los delitos políticos, de los que quedan clara y nítidamente diferenciados los terroristas, puedan servir de base para una petición.