Los afectados presentarán al Consejo de Ministros un recurso de alzada y un documento elaborado por una comisión de apoyo formada por diversas asociaciones.

AI considera que el Gobierno debe reconsiderar el caso, ya que en la resolución denegatria se dice que la entrada de estas seis personas se produjo de forma ilegal, cuando en realidad desembarcaron en Portugal al aceptar el Gobierno estudiar su caso, después de que en el mes de agosto se les hubiera impedido pedir asilo en Sagunto, violando la legislación española.

Los solicitantes, al ser expulsados, corren peligro de ser deportados a sus países de origen, Zaire, Nigeria, Camerún y Tanzania, donde pueden se perseguidos, torturados o ejecutados.

AI advierte de que el recurso de alzda y el recurso contencioso-administrativo que han presentado no paraliza la posible expulsión debido a la supuesta entrada ilegal, que en opinión de esta organización no se ha producido.

De 1984 a 1992 España ha concedido un total de 1.986 estatutos de asilo y refugio, lo que representa el 10,9 por ciento de las 18.137 solicitudes presentadas.