El estudio, titulado "La reforma del subsidio de desempleo para los eventuales agrarios", aparecerá publicado en el número de la semana que viene del Boletín de Información Comercial Española, del Ministerio de Economía.

A su juicio, esta situación está "en clara contradicción" con una propuesta de directiva comunitaria elaborada por la Comisión Europea, en desarrollo de la Carta Social, y pendiente de aprobación por el Parlamento y el Conejo europeo.

Lorente considera que, a pesar de la reciente reforma negociada entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, el sistema de protección por desempleo en la agricultura "necesita, a corto plazo, algunos retoques adicionales".

"En primer lugar", asegura, "no parece razonable restringir la protección por desempleo a los trabajadores fijos y a los trabajadores eventuales residentes en Andalucía y Extremadura", ya que el 68,6 por ciento de la población activa del sector primario reside uera de esas comunidades.

A eso se une que "la creciente flexibilización del mercado laboral español ha implicado un aumento de la participación de los trabajadores temporales en las explotaciones agrarias de todo el Estado".

Además, "si los convenios del INEM con las corporaciones locales en el ámbito rural han servicio básicamente para garantizar el subsidio de desempleo a los eventuales agrarios y si dichos convenios se han extendido últimamente a las zonas rurales deprimidas de Castilla La Macha, Castilla y León, Murcia y la Comunidad Valencia, no parece lógico excluir a los eventuales agrarios de dichas comunidades de la posibilidad de dicho subsidio".

Lorente considera también necesario que la aplicación más rigurosa del subsidio para los eventuales agrarios se vea complementada con "un reforzamiento de la acción asistencial en aquellas bolsas de pobreza en el medio rural que no pueden ser eliminadas a corto plazo mediante una política activa de empleo".

A este respecto, estima criicable el Programa de Solidaridad de los Andaluces aprobado el pasado 27 de noviembre por la Junta de Andalucía, por limitar su ámbito de protección a los jornaleros más pobres.

En su opinión, "ello no tiene por qué ser así en un contexto de paulatino acercamiento del subsidio agrario al subsidio de desempleo general y de voluntad política de eliminar el clientelismo que pudiera existir en algunos ayuntamientos andaluces".

AUMENTO DE ALTAS

Por otra parte, el informe pone de manifiesto que el núero de altas en el Régimen Especial Agrario pasó de 264.178 en 1984 a 384.835 en 1990, lo que representa un incremento del 46 por cien.

El aumento no guarda relación con el crecimiento de la población activa agraria en Andalucía y Extremadura, ya que ésta se redujo. En Andalucía pasó de 437.900 a 429.100 personas y en Extremadura, de 115.500 a 94.800.

Esta disparidad se explica por el fraude en las peonadas que, según el autor, "han sido en los últimos años objeto de compraventa o donación entre os que podían firmarlas y los que necesitaban justificarlas".

Asimismo, la supeditación de los Planes de Empleo Rural a la obtención de peonadas para tener derecho al subsidio "ha desvirtuado sus objetivos iniciales de racionalizar la inversión pública en el medio rural en términos de generación de empleo y cualificación de mano de obra, ha incidido asimismo en la degradación de los planteamientos iniciales del sistema".