Sin embargo, la directora del IPAE, Cristina Alvarez, declaró a Servimedia que "hay que tener en cuenta que España ha tenido que hacer en muy poco tiempo un gran esfuerzo para adaptarse al derecho comunitario".

Alvarez indicó que muchas normas comunitarias están pensadas en base al derecho anglosajón, a lo que hay que añadir la todavía excesiva juventud de la democracia española, circunstancias que dificultan la adaptación a las directivas de la UE.

Sobre las más de cuatroientas directivas que España a traspuesto a su ordenamiento jurídico se han abierto treinta y tres procedimientos de infracción, aunque casi una decena ya están archivados o se ha dictado sentencia.

No obstante, la directora del IPAE lamentó que algunas de las sentencias del Tribunal de Luxemburgo no han sido cumplidas por las administraciones nacionales, por lo que no pueden considerarse casos cerrados.

Cristina Alvarez puso como ejemplo las sentencias del Tribunal de Luxemburgo en relación a ladirectiva sobre aves y las marismas de Santoña.

"En el caso de las marimas de Santoña", explicó, "el Tribunal obliga a España a proteger las marismas en base al derecho comunitario, pero las administraciones nacionales todavía no han cumplido el contenido de la sentencia".

Además, puso de manifiesto la escasez de recursos con que cuentan las administraciones públicas en ocasiones para conseguir que se cumplan las normas de la UE.

Alvarez señaló que dos ejemplos ilustrativos lo constituyen la directivas de libertad de acceso a la información medioambiental y de evaluación de impacto ambiental, que se traspusieron al derecho nacional "sin que existieran los medios y personal suficiente para hacer posible su correcto cumplimiento".