Así consta en el informe ‘Estado de la Infancia en la Unión Europea 2024’, que Unicef publicó este lunes, en el que se pone de manifiesto que 20 millones de niños (uno de cada cuatro) en los países de la UE se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. De ellos, más de dos millones viven en España, país de la UE con la tasa de pobreza infantil más alta.

El documento también pone de manifiesto que más de once millones de chavales de la UE tienen algún problema relacionado con la salud mental, como ansiedad y depresión, que afectan a una quinta parte de los jóvenes con edades comprendidas entre 15 y 19 años.

El trabajo alerta de que en muchos países se ha observado un aumento de los problemas vinculados con la salud mental entre los jóvenes europeos durante y desde la pandemia.

Por su parte, el 69% de los chavales de 15 años en 22 países de la UE dicen estar satisfechos con su vida, un 5% menos que en 2018; una cifra que en España sube hasta el 76%, lo que sitúa al país como el noveno de la Unión Europea con mayores niveles de bienestar y satisfacción.

A su vez, el informe observa que casi uno de cada veinte niños está expuesto a altos niveles de contaminación por plaguicidas y pone de manifiesto que 472 fallecieron debido a la contaminación atmosférica, la mayoría de ellos menores de un año. En este ámbito, España se sitúa como el séptimo país de la UE con niveles más bajos de la contaminación del aire.

Del mismo modo, uno de cada ocho niños de 12 años recibe regularmente solicitudes sexuales no deseadas ‘online’.

Ante esta situación, Unicef conminó a los gobiernos de la UE a “salvaguardar y acelerar los recientes avances en materia de derechos de infancia y aumentar la inversión en servicios fundamentales para la misma”; “reforzar la gobernanza en favor de la infancia”; “actuar sobre los puntos clave que influyen en la pobreza infantil, incluyendo la implementación de la Garantía Infantil Europea en toda la UE”; “adoptar una estrategia global de salud mental, plurianual y multisectorial, que cuente con presupuesto y recursos”; “evaluar el impacto del Nuevo Pacto Verde europeo en la salud y el bienestar de los niños para informar la legislación y las políticas medioambientales”; y “actualizar y hacer cumplir la legislación para promover el uso seguro de las tecnologías digitales por parte de los niños, abordar la brecha digital y promover las competencias digitales”.

En lo concerniente a España, reclamó “establecer una deducción fiscal reembolsable por hijo menor de 18 años de 120 euros mensuales”, “ampliar la cobertura de medidas de conciliación”, “garantizar la dotación de profesionales de la salud mental especializados en infancia y adolescencia”, “involucrar a la infancia y adolescencia en cuestiones medioambientales” y “firmar un pacto de Estado para la protección de la infancia en el entorno digital”.