El Gobierno español suscribió la Convención de Otawa contra el uso de minas antipersonas y ha puesto en práctica un programa e cooperación para la limpieza de zonas de conflicto y atención a las víctimas.

A través de la Organización de Estados Americanos (OEA) se han financiado programas por más de 698 millones de pesetas desde 1995, de los que casi 400 millones fueron destinados a planes de desminado en Centroamérica y otros 100 millones para un proyecto bilateral de detección y retirada de minas en la frontera entre Perú y Ecuador.

España también contribuye al Fondo Fiduciario de Naciones Unidas para las labores de Dsminado desde 1997. En total, sus aportaciones fueron de 180 millones de pesetas para desminar Angola, Mozambique y Kosovo.

Además, la experiencia acumulada en estas experiencias servirá para crear el "Centro Internacional de Desminado", que nace con vocación de "convertirse en un referente mundial en cuanto a infraestructura para la capacitación técnica en labores de desminado humanitario", según explica el Gobierno en una respuesta escrita al diputado de CiU Carles Campuzano.

La tecnología puntra que usan los especialistas españoles es una de las aportaciones ofrecida por el Gobierno a los aliados que luchan contra el régimen talibán en Afganistán, para limpiar ese territorio cuando acabe el conflicto armado.