La directiva basa su efectividad en la introducción de parámetros medioambientales en la concesión y renovación de permisos de apertura de las grandes instalaciones industriales.

Además, determinará los valores límites de las emisiones, tanto en los casos de contaminación de suelos, como del agua, aire y producción de residuos. Los máximos serán fijados en función de las mejores técnicas disponibles en cada sector, lo que obligará a las industrias a establecer mecaismos de mejora continua en sus procesos productivos con el fin de adaptarse a la probable disminución constante de estos valores.

La adaptación a esta normativa obligará a las empresas españolas a relizar un esfuerzo inversor notable. La Fundación Entorno pone como ejemplo el sector de pasta de papel y celulosa, que en 1995 invirtió 2.500 millones de pesetas en tecnología medioambiental, en 1996 4.600 millones y este año la inversión rondará los 9000 millones.