El estudio analiza las políticas de apoyo a la discapacidad en Australia, Luxemburgo, España y Reino Unido, y ofrece una serie de recomendaciones a los respectivos gobiernos para fomentar la contratación de discapacitados y reducir el número de los que viven de las ayudas estatales.

De acuerdo con el informe, "sólo el 35% de las personas con discapacidad en España tienen un empleo y sólo un 3,5% de la población en edad de trabajar recibe algún tipo de ayuda por este motivo, un porcentaje inferior a la media de la OCDE (6%)"

Una escasa motivación para buscar trabajo entre el colectivo de discapacitados, los prejuicios sobre sus habilidades que aún persisten en muchos empresarios y la ineficacia de las medidas gubernamentales son, según la OCDE, "las principales causas de este retraso"

Entre otras medidas, el informe recomienda "simplificar los programas de inserción laboral, mejorar el control estatal sobre las empresas para asegurar que éstas cumplen las leyes con respecto a la contratación de discapacitados y actualizar algunos elementos de la legislación que han quedado obsoletos".

"Ciertas prestaciones pueden desincentivar la búsqueda activa de empleo", prosigue el informe, que añade que "lo que España debe hacer es continuar con la creación de puestos de trabajo y conseguir que ésta se extienda al colectivo de personas discapacitadas"