Ésta es la tesis que defiende un Documento de Trabajo del Banco de España titulado "Does Inmigration affect the Phillips Curve? Some Evidence For Spain", del que son autores Juan F. Jimeno, del propio Banco de España; Juan J. Dolado, de la Universidad Carlos III de Madrid; y Samuel Bentolila, del Centro de Estudios Monetarios y Financieros (Cemfi).

El documento, fechado en 2008 y disponible íntegramente en inglés en la propia web del Banco de España ("www.bde.es"), argumenta que los inmigrantes tienen menos poder de negociación que la mano de obra nativa y deben aceptar salarios más bajos.

Según sus estimaciones, de no verse compensada por la llegada de los inmigrantes, la reducción del desempleo desde el 22% de 1995 hasta el 8% de 2006 habría conducido a un incremento anual de la inflación en 2,2 puntos porcentuales, en lugar de mantenerse contenida entre el 2% y el 4%.

Los tres expertos que suscriben el documento conceden muy poca validez a explicaciones más convencionales sobre la positiva evolución conjunta de paro e inflación en España, como las reformas laborales, el aumento de la productividad o el mero efecto de la globalización.

A este respecto, aducen que en España "es difícil identificar reformas laborales clave" que expliquen ese círculo virtuoso de inflación y empleo, y que durante la última década "el crecimiento de la productividad, si acaso, ha caído, y está entre los más bajos de la Unión Europea actualmente".

Por esa razón, a lo que en realidad cabe atribuir la favorable evolución al unísono de empleo y precios es "al impacto en el mercado laboral del enorme aumento en la tasa de inmigración, desde el 1% de la población en 1995 hasta el 9,3% en 2006".

La explicación estriba en que los inmigrantes tienen menos posibilidades de conseguir buenos salarios por factores como el imperfecto conocimiento del idioma y estar empleados en sectores con baja negociación colectiva (un 8% menos de cobertura por convenios que los trabajadores nativos).

Sentadas esas premisas, el impulso dado a la moderación salarial por la mano de obra inmigrante es la consecuencia natural del impacto acumulado de la gran oleada migratoria sobre los costes laborales.

De la magnitud de ese impacto da idea que "en 1991, había sólo alrededor de 350.000 extranjeros viviendo en España, mientras que para 2006 esa cifra había subido hasta 4,1 millones, es decir, había pasado del 1% al 9,3% de la población" y hasta el 14% de la fuerza laboral, recuerda el documento.

La llegada anual de inmigrantes entre 2000 y 2006 fue de 485.000 personas, lo que representa una "experiencia única" por la que no ha pasado ningún país europeo de tamaño medio desde que existen datos fiables sobre este particular (a partir de 1.965).

El enorme volumen de esos flujos migratorios explica también, a juicio de estos expertos, que desde principios de la actual década la tasa de desempleo de los inmigrantes se haya situado sensiblemente por encima de la mano de obra nativa.

Los inmigrantes, además, están "sobrerrepresentados en los trabajos temporales, así como en la construcción y en ciertos servicios" en donde la rotación de mano de obra es alta, lo que significa que tienden a "experimentar un desempleo friccional más elevado que el de los nativos".

Respecto a si continuará en el futuro la contención de costes laborales provocado por la inmigración, los autores del documento afirman que "estos efectos pueden decaer con el tiempo, conforme los inmigrantes se integran y sus comportamiento como suministradores de mano de obra se aproxima al de los nativos, pero es demasiado pronto para detecta tal evolución en el caso de España".