España se suma así al núcleo de Estados europeos -Austria, Finlandia, Italia, Noruega y Suecia- que ya han ratificado sus respectivos acuerdos con Naciones Unidas para la ejecución de sentencias dictadas por ese tribunal.

El TPI para la antigua Yugoslavia fue creado por resolución de la ONU el 25 de mayo de 1993 y tiene como característica especial que su jurisdicción es retroactiva, para no dejar impunes los crímenes cometidos desde el inicio de los primeos conflictos étnicos, en 1991.

Además de prestar ahora sus cárceles para la ejecución de sentencias, España colabora en el esclarecimiento de los crímenes de guerra en la antigua Yugoslavia con 50 policías y guardias civiles que hacen labor de policía científica en Kosovo desde agosto del año pasado.