Los países firmantes de este acuerdo, auspiciado por Naciones Unidas, se comprometen a adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección de los menores contra la venta de éstos, la prostitución y la pornografía infantil, en cuanto que son conductas que preocupan gravemente a la comunidad internaciona por su importancia creciente.

Como principio fundamental, el protocolo establece el compromiso de prohibición de la venta de los niños, de la prostitución y de la pornografía infantiles, y se procede a definir cada uno de los conceptos que deberán ser tipificados en las legislaciones penales de los mismos.

Los citados delitos se considerán incluidos entre los que dan lugar a la extradición en todo el tratado de extradición que los países firmantes hayan celebrado o que celebren en un futuro.

También se enumeran las medidas que se adoptarán para la represión de esos delitos y las que habrán de adoptar para proteger los derechos e intereses de los niños víctimas de estos delitos.

Esta decisión del Ejecutivo se une a la ya adoptada hace dos semanas, en el Consejo de Ministros del 14 de julio, por la que se autorizó la ratificación del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la prohibición de las peores formas de trabajo infantil.

El acuerdo obliga a ls Estados miembros a adoptar medidas eficaces para conseguir la prohibición y eliminación de la explotación laboral infantil.