Ese pacto internacional, denominado Acuerdo en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar sobre la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, fue adoptado en marzo de 2023 tras cinco rondas de negociaciones y después de que los primeros trabajos comenzaran en 2004.

La sede de la ONU en Nueva York (Estados Unidos) inició el pasado 20 de septiembre la apertura de la firma del conocido como Tratado sobre la Biodiversidad en Alta Mar, Tratado Global de los océanos o Tratado de Alta Mar, que contribuiría a conseguir el objetivo proteger un 30% de las aguas marinas en 2030.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, lo firmó entonces, cuando España ejercía la Presidencia del Consejo de la UE.

Actualmente, ese tratado cuenta con 91 países firmantes, pero solo ocho han presentado su ratificación, aprobación, aceptación o adhesión, cuando hace falta que los hagan 60 para que se aplique.

Según pudo saber Servimedia, los países que han formalizado ese último trámite son Palaos (el pasado 22 de enero), Chile (20 de febrero), Belice (8 de abril), Seychelles (13 de abril), Mónaco (9 de mayo), Mauricio (30 de mayo), Micronesia (3 de junio) y Cuba (28 de junio).

“MÁXIMO INTERÉS”

Para que España ratifique el tratado es necesario que sea aprobado por las Cortes Generales. Por ello, el Consejo de Ministros acordó este martes remitir el texto al Congreso para que inicie su tramitación parlamentaria y cuente con su posterior aprobación.

No obstante, se prevé que la UE lo ratifique primero y después lo hagan los países de la Europa comunitaria.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, comentó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ese tratado “articula mecanismos para la protección de la biodiversidad marina y establece un sistema que permita compartir de forma equitativa los beneficios derivados de la exploración de los recursos genéticos marinos”.

Ribera destacó que se trata de un tratado “del máximo interés para un país enormemente comprometido no solamente con las cuestiones ambientales, sino con una vocación de protección del océano y de correcta gestión del océano” como España.

El acuerdo establece un marco legal robusto para todas las actividades en el océano y los mares, al regular las actividades humanas en alta mar, permitir su protección con la designación de áreas marinas protegidas y establecer un mecanismo para compartir equitativamente los beneficios derivados de la explotación de los recursos genéticos marinos.

Además, pretende declarar área protegida un 30% de la superficie de alta mar antes de 2030, cuando actualmente solo un 1% lo está.